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Tras el elevado número de manifestaciones producidas en los últimos meses a lo largo y ancho del territorio nacional, Cristina Cifuentes, Delegada del Gobierno de Madrid, propuso “modular” el derecho de manifestación.
Su pronunciamiento generó un gran revuelo entre diferentes sectores sociales y políticos quedando dos posturas fuertemente identificadas. Por un lado, los que plantean el derecho de reunión como un derecho protegido por la Constitución sin cabida para posibles modificaciones. Otros en cambio, consideran que se han de tener en cuenta las consecuencias derivadas de su ejercicio ya que, de una manera más notable debido al periodo en el que nos encontramos, el ejercicio del derecho de manifestación puede afectar a otros de manera restrictiva, entre ellos al ejercicio del derecho de movilidad de los ciudadanos ya que algunas vías de transito son cortadas a la circulación; genera un importante coste económico (el Ayuntamiento de Madrid lleva gastados en el año presente casi 4 millones de euros en seguridad y limpieza); pueden producirse daños para las personas o bienes en el trascurso de la misma; tiene repercusión en el exterior mostrando una imagen inestable o negativa de España; perjudica a los comerciantes de la zona donde son convocadas y desarrolladas al ser pintadas algunas de sus fachadas, etc.